Los fiscales del 1-O piden mantener la inhabilitación de 13 años para Junqueras por malversación
Los cuatro fiscales del referéndum ilegal del 1 de octubre mantienen además en su escrito los 12 años de inhabilitación para Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y piden rebajar a la mitad la pena para 'los Jordis'
Los cuatro fiscales del referéndum ilegal del 1 de octubre mantienen en su escrito la petición de inhabilitación de 13 años para el ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y de 12 años para los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados por un delito de sedición en concurso medial con malversación. Los fiscales del 'procès' piden ademas rebajar la condena a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (5 años por desórdenes públicos) y a los exconselles Joaquin Forn y Josep Rull (8 años y 2 meses).
Según el escrito entregado este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del que informa 'OK Diario', Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, tras la derogación del delito de sedición y la modificación de la malversación, solicitan en su escrito de revisión de condena a los líderes independentistas que se debe aplicar el nuevo delito de desórdenes público, desobediencia por desacatar las órdenes del Tribunal Constitucional y el delito de malversación agravada.
La Fiscalía sostiene que la reforma del Código Penal que convirtió el delito de sedición en desórdenes públicos agravados y rebajó el de malversación permite mantener las condenas que el Tribunal Supremo impuso al exvicepresidente de la Generalitat y a los tres exconsellers.
Los cuatro fiscales del 'procés' han remitido un escrito a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso Efe, en el que se oponen a la revisión de las condenas de aquellos líderes independentistas que, además de por sedición, fueron condenados por malversación -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa-, al considerar que sus condenas de inhabilitación siguen siendo posibles con el nuevo Código Penal y que revisarlas no les sería desfavorable.
Sí que apoyan rebajar las penas a los que solo fueron condenados por sedición, al considerar que las condenas de inhabilitación contempladas por los delitos que, tras la reforma penal, "sustituyen a la sedición en el caso concreto (la desobediencia y los desórdenes públicos agravados) son inferiores a la pena de inhabilitación absoluta impuesta".
Pide de este modo al Supremo que rebaje las condenas de inhabilitación a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (9 años y dos meses), a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (5 años por desórdenes públicos) y a los exconselles Joaquin Forn y Josep Rull (8 años y 2 meses).
Piden la absolución de sedición y malversación
El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC) pidió este martes al Tribunal Supremo que le absuelva de los delitos de sedición y malversación en el procés, de acuerdo con el "consenso político" que ha dado pie a la reforma del Código Penal, y se opone a que se le sustituyan por el de desórdenes públicos.
Los abogados de Junqueras, Forcadell, Romeva y Bassa presentaron este martes sus escritos ante el Tribunal Supremo, que debe revisar la sentencia. Los cuatro líderes salieron de prisión después de que el Gobierno les indultara parcialmente la condena de cárcel, pero tras la reforma legal piden que se les revoquen todas las penas impuestas en sentencia, incluidas las de inhabilitación, que en el caso de Junqueras no se liquidarán hasta el año 2030.
En sus escritos, los letrados Andreu Van Den Eynde y Olga Arderiu sostienen que debe revocarse la condena por sedición, porque la "voluntad" del legislador ha sido derogar ese delito para equiparar el Código Penal español con los estándares europeos, según informa Efe.
El 1-O, en ninguna modalidad de malversación
También piden que se les absuelva de malversación y, para ello, argumentan que en los gastos del referéndum del 1-O no hubo ni ánimo de lucro ni desvío de fondos a usos distintos a los previstos, por lo que los hechos declarados probados en sentencia no encajan en "ninguna de las modalidades vigentes" en la reforma del Código Penal.
En ese sentido, los letrados recuerdan que la sentencia del Supremo "entendía como una administración desleal de patrimonio público" los gastos destinados a un "referéndum público demandado por parte del electorado y seguido por parte significativa de él, sin que se diera por probada la concurrencia de ánimo de lucro".
Para las defensas, los hechos que juzgó en Supremo no tienen cabida en el delito de malversación definido en las reformas penales: "ni fueron discretos, sino solemnemente proclamados, ni parecían orientados a que los condenados obtuvieran un determinado beneficio particular, sino precisamente la satisfacción de un objetivo político ampliamente compartido por un sector de la ciudadanía".
Además, los letrados aducen en sus escritos que tampoco se puede aplicar al 1-O el nuevo delito de desviación de fondos, puesto que la propia sentencia describe el referéndum como una "aplicación de fondos públicos a fines prohibidos por el Tribunal Constitucional y en modo alguno incluía actuaciones de apoderamiento, sustracción o apropiación del patrimonio público".
"La interpretación auténtica de la ley resulta obvia cuando el legislador manifiesta enmendar la ley penal para evitar equiparar las conductas de apropiación de las conductas de administración desleal del patrimonio público", redunda la sentencia.
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