Los vocales conservadores del CGPJ fuerzan un pleno extraordinario para intentar dar esquinazo a la reforma legislativa del Gobierno.
La convocatoria de esta reunión urgente se produce tras las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos, que permitirían cambiar el sistema de elección de los magistrados del Constitucional por parte del CGPJ y lograr así un vuelco progresista .
Las enmiendas introducidas este viernes por PSOE y Unidas Podemos (UP) para cambiar el proceso de elección de los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) -que compete realizar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando no se haga en plazo- han ahondado las divisiones ya existentes en los sectores conservador y progresista de ambas instituciones, por cuanto los primeros --mayoritarios-- lo ven como una forma de presión y los segundos como una solución al bloqueo actual. El golpe de efecto de las enmiendas presentadas ha sido tal que los conservadores han forzado la celebración de un pleno extraordinario la próxima semana para intentar dar esquinazo a la reforma presentada, con el fin de nombrar ya a los miembros del Constitucional que está pendientes y evitar así el vuelco progresista del TC con la llegada de la nueva ley.
A primera hora de este viernes, PSOE y Unidas Podemos aprovechaban su proposición de ley de supresión del delito de sedición para presentar estas dos enmiendas destinadas a forzar el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional y concretamente los dos puestos que competen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): por un lado, se rebajarán las mayorías en el Consejo para nombrar magistrados y, por otro, se imputarán responsabilidades penales a los vocales que impidan los nombramientos.
Una de las enmiendas implica reformar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden, de modo que ahora bastará con mayoría simple en el Consejo.
Además, se establecen plazos de obligado cumplimiento para forzar al CGPJ a cumplir su mandato de designar dos magistrados del TC. Así, un nuevo redactado del artículo 599.1.1ª de la ley del Poder Judicial pondrá un tope de cinco días hábiles: primero, los vocales del Consejo tendrán dos días para proponer a la Presidencia candidatos a magistrado, con un máximo de uno por cabeza, y después la Presidencia dispondrá de tres días hábiles para "convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados".
En el pleno las candidaturas se someterán a votación de los vocales presentes, sin obligación de un quórum mínimo y una votación única que no tendrá carácter secreto. Así, cada vocal podrá votar a un solo candidato, resultando elegidos los dos magistrados que hayan obtenido un mayor número de votos, y no tres quintos de los emitidos, como ocurría hasta ahora.
Tanto el socialista Patxi López como el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, se mostraban confiados en que estos cambios permitan desbloquear estos nombramientos que el CGPJ debía haber resuelto en septiembre.
Además, para asegurar la renovación, se ha añadido una cláusula que indica que, en caso de que los vocales o el presidente del CGPJ insistan en el bloqueo, se incurrirá en responsabilidades "de todo orden, incluida la penal".
La segunda enmienda modificará la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional de modo que, si pasados los 9 años y 3 meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, "uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta", se procederá "a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional". De esta manera, PSOE y Podemos acaban con la unidad del tercio del TC que corresponde nombrar al Gobierno y al CGPJ, dos magistrados por parte de cada institución.
Igualmente, se elimina la necesidad de verificación por parte del Tribunal Constitucional de los nuevos magistrados. Según un nuevo apartado al artículo 19 de la ley del Constitucional, serán las instituciones proponentes (el Congreso, el Senado, el CGPJ y el Gobierno) quienes estén obligados a comprobar que los magistrados elegidos cumple con los requisitos. Al mismo tiempo, se incluye una nueva causa de cese, según la enmienda, "por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 159.2 de la Constitución".
Con estos cambios, el Gobierno sortea todos los escollos para poder nombrar a sus dos candidatos al TC, el exministro Juan Carlos Campo y la ex asesora de Moncloa Laura Díez, sin esperar a que el CGPJ cumpla su parte, dando un vuelco progresista.
Una maniobra legislativa que los socialistas justifican para poner fin al "secuestro" del órgano de gobierno de los jueces por parte de un partido "antisistema" como es -dicen- el PP, a quien Unidas Podemos responsabiliza de lo que considera "otro golpe a la democracia desde el 23-F". Por cierto, este partido abre la puerta a aplicar esta misma formula de "reformar las mayorías", que fue descartada por el PSOE ante las presiones de Bruselas, para renovar el CGPJ.
PP y Vox recurrirán al Constitucional...
Como era de esperar, este paso ha agudizado aun más si cabe las relaciones con el PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a batallar ante la Justicia, con recursos de inconstitucionalidad, y ante la Unión Europea contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su "asalto al estado de derecho" para "mantenerse en el poder" y por pretender controlar el Tribunal Constitucional.
Igualmente, Vox ha anunciado que acudirá al tribunal de garantías, pero la formación de Santiago Abascal ha ido más allá al reclamar a la oposición que presente una moción de censura contra Sánchez, para conseguir un nuevo Ejecutivo que convoque elecciones generales.
... mientras Bruselas guarda silencio
La oposición también mira a Bruselas, pero la Comisión Europea ha dicho este viernes que la reforma legal es, por el momento, sólo "un anuncio", por lo que ha rehusado valorar si están en línea con las recomendaciones de las instituciones europeas al respecto.
Dicha reforma plantea una alternativa al modelo actual, que implica un acuerdo de tres quintos de los vocales del CGPJ, si no se alcanzara dicho consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes del TC.
En ese momento, se optaría por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. No sería necesario un quórum mínimo, habría una única votación y en caso de empate la última palabra la tendría el presidente, ahora el presidente suplente, Rafael Mozo, del sector progresista.
El pleno extraordinario
Y todo esto sucede con un pleno ordinario del CGPJ convocado el próximo día 22 para votar los nombramientos sin necesidad de recurrir a esta reforma, que puede ser irrelevante a estos efectos ya que nueve vocales conservadores han precipitado en respuesta a la reforma la celebración de un pleno extraordinario la próxima semana. El único punto del día de dicho pleno extraordinario sería el nombramiento de los dos magistrados del alto tribunal que le corresponde al CGPJ, negociación totalmente paralizada.
Porque la reforma ha explosionado entre los vocales conservadores, que la ven como un "desafío fuera de lugar", de manera que quieren actuar antes de que entre en vigor para esquivar la maniobra del Gobierno y sacar adelante los nombramientos con las reglas vigentes.
La petición se ha registrado este mismo viernes y el presidente tiene tres días para convocarlo. Sin embargo, los progresistas amenazan con votar en blanco y esperar al día 22 o al futuro escenario normativo, aunque antes quieren ver qué proponen este nuevo escenario que ven "ridículo".
"¿Tres meses fuera de plazo y ahora les entran las prisas?", aseguran a EFE vocales progresistas, que enmarcan la reforma en respuesta al boicot de los conservadores, como sostiene también la asociación Jueces y Juezas para la Democracia.
Sea como fuere, los conservadores no ocultan su malestar porque el Ejecutivo lo que pretende es que se nombre como sea al candidato del sector progresista José Manuel Bandrés para el Constitucional, al que se oponen ellos, y así - y la entrada de los ex altos cargos del Gobierno Juan Carlos Campo y Laura Díez, se aseguran que el magistrado Cándido Conde Pumpido presida el TC.
La reforma elimina la exigencia de renovar el TC por tercios
Precisamente, la otra pata de la reforma enfrenta los problemas en el Constitucional porque el texto permite que, aunque la Constitución prevé que sus magistrados se renueven por tercios, en el caso de que un poder no cumpla los plazos (como ocurre ahora con el judicial), se realice la renovación del poder que sí los cumple (en este caso el Ejecutivo)
Y, además, plantea suprimir su potestad de verificar previamente la idoneidad de los magistrados, que es el trámite que, por el momento, una mayoría conservadora del tribunal se resiste a abordar, frente a la opinión minoritaria de algunos magistrados progresistas, que quieren convocar un pleno para estudiar esta cuestión.
Desde el tribunal de garantías se desvinculan de la reforma y consideran que este movimiento responde al bloqueo de una parte del CGPJ y que es un cambio que el legislador está habilitado para hacer.
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