PARA DAR GRACIAS EN LOS HILOS PASAR POR AQUÍ, EL RESTO SERÁ BORRADO
*

"6 años de cárcel para Griñán y 9 de inhabilitación para Chaves, expresidentes an"

Iniciado Por melli77, El día 19 de Noviembre de 2019, 15:22:28 15:22



Autor Tema: 6 años de cárcel para Griñán y 9 de inhabilitación para Chaves, expresidentes an  (Leído 442 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

  • SUPER MODERADOR
  • ******
  • Panel de agradecimientos
  • -Tu has dado: 216
  • -Tu has recibido: 138032
  • Mensajes: 11756
  • 00
  • Sexo: Masculino
  • Eres inteligente cuando ves más allá de la puerta
6 años de cárcel para Griñán y 9 de inhabilitación para Chaves, expresidentes andaluces y del PSOE

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación en la conocida como 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación. Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa. La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación.

De los 21 acusados, dos han sido absueltos, el interventor general de la Junta de Andalucía entre el 2000 y el 2010 Manuel Gómez y el jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2008 Francisco del Río. Las penas más altas de cárcel son para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández -7 años y 11 meses de prisión- y para el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, sobre quien ha recaído la misma condena. Ambos han sido condenados por malversación. Estas son las 19 condenas:

1. Manuel Chaves

Presidente de la Junta de Andalucía (1990-2009).

Delito: prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación.

2. José Antonio Griñán

Consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) y presidente de la Junta (2009-2013).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación.

3. Gaspar Zarrías

Consejero de Presidencia (1996-2009).

Delito: prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación.

4. José Antonio Viera

Consejero de Empleo (2000-2004) y presidente de IFA e IDEA (2003-2004).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 7 años y un día de prisión y 18 de inhabilitación.

5. Antonio Fernández

Consejero de Empleo (2004-2010), viceconsejero de Empleo (2000-2004) y presidente de IFA e IDEA (2001-2003).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 7 años y 11 meses de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación.

6. Magdalena Álvarez

Consejera de Economía y Hacienda (1994-2004).

Delito: prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación.

7. Francisco Vallejo

Consejero de Innovación y presidente de IFA e IDEA (2004-2009).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 7 años y un día de prisión e inhabilitación de 18 años y un día

8. Carmen Martínez Aguayo

Consejera de Hacienda (2009-2013) y viceconsejera (2004-2009).

Delitos : malversación y prevaricación.

Condena a 6 años y dos días de prisión e inhabilitación de 15 años y dos días

9. Francisco Javier Guerrero

Director general de Trabajo (1999-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a siete años y once meses de prisión e inhabilitación de 19 años y seis meses

10. Juan Márquez

Director general de Trabajo (2008-2010).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a siete años y un día de prisión e inhabilitado por 18 años y un día.

11. Agustín Barberá

Exviceconsejero de Empleo (2004-2010).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 7 años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación.

12. Jesús María Rodríguez Román

Viceconsejero de Innovación (2005-2010) y vicepresidente de IFA e IDEA (2005-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a seis años y dos días de prisión e inhabilitación de 15 años y dos días

13. Lourdes Medina

Secretaria general técnica de Empleo (2008-2012).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 8 años y seis meses de inhabilitación

14. Juan Francisco Sánchez García

Secretario general técnico de Empleo (2000-2004) y de Innovación (2004-2010) y director de Administración y Finanzas del IFA y de IDEA (2010-20112)

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación

15. Javier Aguado

Secretario general técnico de Trabajo (1994-2000), exjefe de Recursos Humanos del IFA (2001-2003) y secretario general técnico de Empleo (2004-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación

16. Miguel Ángel Serrano

Director general del IFA y de IDEA (2004-2008).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a seis años y seis meses de prisión así como inhabilitación durante 17 años

17. Jacinto Cañete

Director general del IFA y de IDEA (2008-2009).

Delitos: malversación y prevaricación.

Condena a 8 años y seis meses de inhabilitación.

18. José Salgueiro Carmona

Consejero de Hacienda (2004) y viceconsejero (1990-2004).

Delitos: prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación

19. Antonio Vicente Lozano

Director general de Presupuestos (2002-2009).

Delitos: prevaricación.

Condena a 9 años de inhabilitación

Todo arrancó el 19 de enero de 2011 cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marcará el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado ‘fondo de reptiles’, de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la juez María Núñez Bolaños. Por eso el fallo que se va a conocer este martes es el más importante ya que corresponde a la llamada ‘pieza política’. En él, se delimitirá si el reparto del fondo de ayudas sociolaborales de la Junta durante la primera década de los 2.000 fue legal o ilegal y, en este último caso, establecerá quienes fueron los responsables tanto por impulsar el sistema que se aplicó durante esos años como por ignorar las alertas de la Intervención.

La Fiscalía acusa a los 21 exaltos cargos que se han sentado en el banquillo de los acusados de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas “totalmente opaco” al margen “de los ciudadanos” y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores. Quedaron fuera del juicio las ayudas que se repartieron con cargo a la partida 440.01 del conocido programa 31L, el que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero bautizó en una declaración policial como “fondo de reptiles”. De ahí salieron a lo largo de más de una década fondos para prejubilaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), así como ayudas directas a empresas y ayuntamientos.

La cantidad que se repartió sin control entre el año 2.000 y el 2.009 asciende, según quedó acreditado en el juicio, a 680 millones. Más de 6.000 trabajadores de empresas en crisis recibieron ayudas de la Junta de Andalucía, lo que no significa necesariamente que no tuvieran derecho a percibirlas sino que el sistema de reparto fue irregular, cuando no abiertamente ilegal. Se cree que algunos de estos trabajadores eran “intrusos”, que no trabajaban en las empresas por las que se beneficiaron de las ayudas. Y este es uno de los extremos que deben quedar aclarados en la sentencia.

La Fiscalía considera que el “procedimiento específico” tenía por objeto eludir los controles, la fiscalización, las bases reguladoras y la convocatoria pública, así como los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad. La sentencia deberá aclarar si las ayudas se concedían sin comprobar los requisitos, y si tras su concesión no se vigilaba que se hubiera dado un uso correcto a las mismas. Cabe recordar que en abril de 2015, el ya expresidente de la Junta de Andalucía y entonces senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó al término de su declaración en el Tribunal Supremo por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo “un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude” y eso significa que “alguno de los controles pudo fallar”.

Por todo ello, los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.

Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación. En este sentido, cabe recordar que en la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto a Cañete y Medina. Si bien, la acusación del PP-A, que han ejercido los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mantuvieron su petición de ocho años para estos dos ex altos cargos.

De otro lado, los acusados que se enfrentan a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado. por su parte, el abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, retiró la acusación de malversación para todos los acusados y en su totalidad para Chaves, el exinterventor general Manuel Gómez y exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.

Cinco años de instrucción y un año de juicio

Este ‘macrojuicio’ quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción. Para su elaboración, el juez Juan Antonio Calle Peña ha trabajado con mucha intensidad durante los últimos meses, con periodos de dedicación exclusiva, y precisamente el pasado miércoles venció la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del TSJA concedió al presidente de la sala.

Desde los últimos días de octubre del año pasado el juicio vivió su fase final con la exposición de las conclusiones definitivas e informes finales de las partes, Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las 21 defensas. Cabe recordar que el juicio comenzó con 22 acusados pero las acusaciones retiraron sus cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

Con total seguridad esta sentencia, sea absolutoria o condenatoria, acabará en el Tribunal Supremo, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que “le llevará años”. Durante el turno de derecho a última palabra, 19 de los 21 ex altos cargos encausados se limitaron a dar las gracias a la Sala, a excepción de los dos expresidentes. Chaves afirmó que no tenía “nada que añadir, salvo expresar el reconocimiento a la labor del tribunal y que las intervenciones de la Fiscalía y los abogados de las defensas”, indicando además que había sido “un cúmulo de conocimiento e información, una experiencia vital”, mientras que Griñán mostró su “pleno convencimiento y apoyo” a lo dicho por su letrado en agradecimiento al tribunal por su actuación y apoyo a la Sala. En aquellas fechas el juicio quedó visto para sentencia, que se hará pública este martes cuando los 21 ex altos cargos conocerán su futuro judicial.

Lo sentimos pero no se le permite ver el contenido Registrate.