El TSJC fija para los próximos 25 y 26 de septiembre el juicio contra Torra por los lazos amarillos
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha señalado para el 25 y 26 de septiembre el juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia a la Junta Electoral (JEC) por no retirar lazos amarillos y símbolos partidistas en edificios públicos en campaña electoral. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito local, autonómico, estatal o europeo por un delito de desobediencia por desoír la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en campaña electoral. Asimismo, pide que se multe a Torra con 30.000 euros.
Si prosperara la petición de la Fiscalía, Torra quedaría fuera de la escena política ya que el Ministerio Público precisaba que la inhabilitación que reclama debe extenderse al ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo así como para el ejercicio de funciones de gobierno. “La inhabilitación conlleva la privación definitiva de estos empleos o cargos públicos y los honores que le sean anejos”, indicaba.
En el auto, el tribunal señala que acepta la mayoría de los testigos solicitados, a excepción de los vocales de la Junta Electoral Central (JEC) que le prohibieron colgar los símbolos en periodo electoral. Sus declaraciones fueron solicitadas por la defensa de Torra, pero la Sala considera que “no se justifica ninguna relación personal de tales testigos con las conductas que se le atribuyen al acusado”. En este sentido, los magistrados inadmiten la petición porque “nada podrían aportar al juicio que contribuya al esclarecimiento de los hechos”.
El alto tribunal catalán acordó en julio pasado enviar a juicio a Torra por un delito de desobediencia, o alternativamente por denegación de auxilio, por no retirar a tiempo los lazos amarillos de edificios públicos de la Generalitat en campaña electoral, pese a que se lo ordenó la Junta Electoral Central en reiteradas ocasiones. En su declaración como investigado ante el TSJC, el pasado 15 de mayo, Torra admitió que desobedeció la orden “ilegal” de un órgano “incompetente” como la JEC, ya que como presidente catalán se debía a un “mandato superior” de la ciudadanía.
La Fiscalía, que ha propiciado que Torra se siente en el banquillo tras querellarse en su contra, acusa al presidente catalán de “evidenciar su desprecio” a acatar la orden que la JEC dictó inicialmente el 11 de marzo de 2019 para que quitara los lazos amarillos, pancartas de apoyo a los políticos independentistas presos y ‘esteladas’ de los edificios públicos durante la campaña de las generales del 2-8A, elementos que finalmente acabó retirando fuera de plazo.
Vista la “contumacia” de Torra, según la Fiscalía, la JEC adoptó el 21 de marzo un nuevo acuerdo en que ordenaba al departamento de Interior que los Mossos d’Esquadra retiraran los símbolos independentistas de los edificios públicos, requerimiento al que la policía catalana dio “estricto cumplimiento” sin incidencias. Finalmente, el Govern cubrió la pancarta sobre los presos el 21 de marzo al mediodía con otra con el lema “Libertad de expresión” y sustituyó el lazo amarillo por uno idéntico pero de color blanco. Vox, que ejerce la acusación popular, pide para Torra dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 72.000 euros.
El juicio se va a celebrar en pleno repunte de la tensión independentista, cuando aún no se hayan apagado los ecos del ‘Tsunami Democràtic’, la campaña impulsada por la sociedad civil y a la que se han sumado ERC y JxCat con vistas a la Diada del 11 de septiembre y ante la inminencia de una sentencia del juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra los exlíderes del ‘procés’. De hecho, la primera jornada del juicio, el 25 de septiembre, coincide con el arranque del debate de política general en el Parlament, en el primer pleno tras el parón de las vacaciones. Una semana después, el independentismo conmemorará el segundo aniversario del 1-O. A nivel nacional, dos días antes, habrá expirado el plazo máximo para la investidura del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Si no hay acuerdo para sacarla adelante, el 23 de septiembre quedarán disueltas las Cortes y la repetición electoral será un hecho.
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