La Fiscalía mantiene la petición de 25 años de cárcel para Junqueras y el delito de rebelión
La Fiscalía ha ratificado en el juicio del "procés" su acusación por rebelión contra los líderes independentistas al considerar que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia, de manera que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell y los Jordis. La Abogacía del Estado también ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, lo que significa que para ella lo ocurrido en Cataluña fue sedición y no rebelión. La Fiscalía, por cierto, ha pedido al tribunal que si los exlíderes del 'procés' son condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitat aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.
Esa es la única modificación que se ha introducido en las conclusiones definitivas, la petición para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal que dice que la pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo excepciones, lo que impide conceder el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena. Se trata de una cláusula de estilo que se suele poner habitualmente para que el juzgado de vigilancia penitenciaria no conceda el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, es decir, para que no aplique beneficios antes de tiempo. La clave está en que serviría de cordón sanitario contra una hipotética intervención de la Generalitat para excarcelarlos de las prisiones de Cataluña, donde previsiblemente cumplirán la pena en caso de ser condenados, al tener competencias en materia penitenciaria.
Por lo demás, se mantiene intacta la petición de penas: 25 años de prisión para Junqueras; 17 años para los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos -Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa- y 7 años de prisión para los otros tres exconsellers que están siendo juzgados pero que se encuentran en libertad: Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.
Se daba por hecho que la Fiscalía iba a apostar hasta el final por la rebelión como así ha sido y que la sedición no fue una figura penal que contemplarán los cuatro fiscales del caso, quienes entienden que el juicio lejos de cuestionar sus tesis lo que ha hecho no es sino corroborar su acusación contra la cúpula del procés. Tanto es así que para reforzar su acusación de rebelión, la Fiscalía ha añadido en su escrito la mención al clima “claramente insurrecional” que se vivió del 19 de septiembre al 27 de octubre.
Además, ha dado credibilidad a la versión aportada por la cúpular de los Mossos -cinco mandos de la policía autonómica incluido el exmayor Josep Lluìs Trapero y su númro dos, Ferran López- al añadir en su escrito que, en su reunión con Carles Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn del 28 de septiembre de 2017, advirtieron al Govern de que “era altamente probable que se produjeran situaciones violentas” si “la enorme movilización de personas” se enfrentaba a los agentes y pidieron desconvocar el 1-O. “Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1-O había violencia declararía la independencia”, señala el escrito, haciéndose eco de la declaración de López.
Este testigo describió que en los días previos a la celebración del referéndum ilegal “el clima de polarización de los dos bandos era crítico”, que “había una voluntad política de llevarlo a cabo (el referéndum del 1-O) y lo harían a pesar de los apercibimientos y las interpelaciones judiciales que estábamos teniendo” y que tan claro tenía Puigdemont su objetivo que no tuvo reparos en confesar a sus interlocutores que, si ese día se producía el escenario de confrontación que le pintaban, “declararía inmediatamente la independencia”. De hecho, el fiscal de Sala del Supremo Jaime Moreno ha señalado que la acusación fiscal solo ha incluido cambios para “enriquecer” el relato.
La Fiscalía pide para Trapero 11 años de cárcel por rebelión en el juicio que tiene pendiente ante la Audiencia Nacional por el papel de los Mossos d’Esquadra ante las protestas en el registro de la consellería de Economía del 20S y durante el 1-O.
Lo que también han hecho los fiscales es retirar del escrito de conclusiones definitivas las menciones a los cinco miembros de la Mesa del Parlament una vez que la Sala acordó que todos ellos serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La Abogacía del Estado, por su parte, se ha reafirmado en su acusación por sedición para la cúpula del “procés” y ha mantenido su petición inicial de 12 años de cárcel para el exvicepresident Oriol Junqueras, a quien también imputa malversación; de 10 para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y de 8 para los Jordis. No cambia tampoco su petición de 11 años y medio para los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación, ni la de 7 años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia.
Así lo ha anunciado Rosa Seoane, jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado -dependiente del Gobierno- que ha decidido seguir adelante con un delito, la sedición, que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Es decir, a su juicio, no se produjo la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña en otoño de 2017, lo contrario a lo que opina la Fiscalía, que ha confirmado su acusación por rebelión.
Para la Abogacía, el juicio ha servido para ratificar los papeles de los acusados: en el primer lugar de responsabilidad sitúa a Junqueras, seguido de los cinco exconsellers en prisión dado su estatus de “autoridad” al haber “inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno” catalán. Además de la pena de prisión, también pide para los seis la equivalente de inhabilitación, mientras que en el caso de los tres exconsellers en libertad, que no están acusados de sedición, la inhabilitación sería de 10 años.
También confiere condición de autoridad a Carme Forcadell, para quien pide 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación por sedición al comprender que la Mesa del Parlament “debía haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional”, si bien “votaron sistemáticamente a favor”. Un escalón por debajo estarían el exlíder de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a quienes no atribuye el estatus de autoridad aunque sí considera que incurrieron en sedición y por eso pide 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Su papel, según la tesis de la Abogacía, habría sido el de liderar la movilización social “como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales”.
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