El Gobierno aprueba una Ley de Memoria mientras se disparan los contagios y el precio de la luz
En pleno avance de la quinta ola de la pandemia, con la incidencia ya por encima de los 600 casos, y el precio de la luz en máximos históricos, este miércoles pulverizará todos los registros y será la más cara de la historia -106,57 euros/megavatio (MWh)-, el Gobierno ha dedicado uno de sus últimos Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano a aprobar una nueva Ley de Memoria Democrática. Una norma mediante la que se extinguen las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan "con menosprecio a las víctimas" del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. En pocas palabras, convierte la apología del franquismo en delito si se humilla a las víctimas y homologa la legislación española al del resto de países europeos, según ha recalcado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
La aprobación de esta norma ha sido muy criticada por el PP, que ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez esté centrado en "mirar atrás" en lugar de ocuparse de los "muchos problemas" que tienen en el momento presente los españoles, como el hecho de que el precio de la luz esté en máximos históricos o el incesante avance de la quinta ola. A su entender, "mirar hacia atrás" no va a dar "ni futuro ni esperanza". Pablo Casado ya ha avanzado que su formación ya tiene redactada la ley de Concordia que sustituirá a la actual de Memoria Histórica o la pretendida de Memoria Democrática, que ve "innecesaria", de llegar su formación a la Moncloa. Por su parte, Vox ha anunciado que recurrirá la Ley ante el Tribunal Constitucional al considerarla un "atropello a la libertad".
Entre tanto, las asociaciones memorialistas opinan que la nueva norma se queda corta y por ello tratarán de influir en las formaciones parlamentarias para cambiar algunos de sus términos a través de enmiendas en el Congreso y el Senado.
La Ley de Memoria Democrática aprobada este martes sitúa a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la "acción política" del Gobierno. Con este nueva redacción, el Gobierno recoge las sugerencias realizadas a este punto del anteproyecto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incorporando también las aportaciones que hizo en su informe el Consejo Fiscal para perfilar con más exactitud las funciones de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
La norma, que sustituye y amplía la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fija como causa de extinción de las fundaciones que éstas no persigan fines de carácter general o hagan actividades contrarias a los mismos.
La norma es uno de los proyectos legislativos que con más ahínco defendió la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, hasta su salida del Ejecutivo, y que ahora defiende Bolaños. Precisamente, el ministro de Presidencia ha defendido en la rueda posterior al Consejo de Ministros una ley que "dignifica" a las víctimas y ha anunciado que habrá un día en el que se recordará a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, en concreto el 31 de octubre. También habrá otro, el 8 de mayo, para recordar a todos los exiliados por el franquismo.
Bolaños señala a Vox y al PP
En su primera intervención en una rueda de prensa tras la reunión del remodelado Gabinete de Pedro Sánchez, Bolaños ha puesto énfasis en que la nueva ley, heredera de la Ley de Memoria Histórica cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria.
Para ello, contempla un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que "ha mejorado", según ha garantizado, tras recoger sugerencias del CGPJ, del Consejo Fiscal y del movimiento memorialista.
Ha citado el ministro las más significativas, entre ellas la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.
Eso sí, ha apuntado que la activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que ha confiado en que durante su tramitación parlamentaria la ley recabe el mayor apoyo posible.
Incluso ha asegurado que el Ejecutivo buscará la "unanimidad" porque entiende que "nadie", apuntando así a PP y Vox, puede oponerse a que los familiares de las víctimas recuperen los restos de sus allegados y a una ley que solo quiere "rendir homenaje" a estas víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Apología del franquismo
El anteproyecto ya establecía como "contrario al interés general" la "apología del franquismo", pero, en su informe, el CGPJ alertó de que este concepto "sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas" suponía la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero amparadas por la libertad ideológica y de expresión.
Así, el CGPJ concluía que la referencia a la apología del franquismo invadía "claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten 'incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales', no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación".
Por eso ahora, en el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para su tramitación, se especifica que se considerará apología del franquismo "que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo".
Este supuesto será aplicable, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco que, al enaltecer al dictador, quedará extinguida cuando se apruebe la ley una vez finalice su tramitación parlamentaria.
Resignificación del Valle
La norma también contempla la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, mediante la derogación del decreto de agosto de 1957 por el que se la nombraba titular y administradora del lugar, que ahora será resignificado.
Ese decreto franquista, que continuaba vigente, recogía la creación de un convenio entre la fundación y la Abadía Benedictina de Silos, que fue promulgado un año después. Tanto la fundación como ese acuerdo quedarán derogados cuando se apruebe la ley y se pondrá fin a las funciones de la abadía en el Valle.
Una vez quede extinguida esta fundación y considerando que los monjes benedictinos ya no podrán seguir regentando el lugar, el Gobierno deberá aprobar un nuevo real decreto que establezca la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de todo el complejo, una norma que se quiere negociar con la Iglesia. Mientras ese acuerdo llega, Patrimonio Nacional tomará las riendas de todo el Valle.
Nueva Fiscalía especializada
Además de atender la opinión del CGPJ, el Gobierno ha incorporado también las sugerencias del Consejo Fiscal que hizo un informe favorable al anteproyecto, pero pidió que se perfilaran mejor las funciones del nuevo fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El proyecto incluye en este sentido una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dejar claras las competencias de esta nueva figura que se encargará de investigar los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y a la que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.
Por otra parte, el Gobierno ha modificado el anteproyecto en los puntos relativos a la inclusión de la historia de la democracia en los planes de estudio de manera que, además de en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, también se estudie memoria democrática en Formación Profesional, además de en la formación inicial y continua del profesorado.
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