El Gobierno publica la orden para cerrar Madrid y da hasta el viernes por la noc

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El Gobierno publica la orden para cerrar Madrid y da hasta el viernes por la noche para cumplirla

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que supone la aplicación de nuevas restricciones en Madrid y ciudades de más de 100.000 habitantes con impacto de coronavirus, entre ellas la entrada y salida de personas de las zonas afectadas. "Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", señala el BOE, incluidas las que han rechazado las medidas, como Madrid, Andalucía, Cataluña y Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta. La Comunidad de Madrid acatará la orden, aunque irá a los tribunales porque considera que no tiene validez jurídica al no haber sido tomada por consenso. La orden, que deberá aplicarse como tarde el viernes por la noche, antes del sábado a las 00:00 horas, afecta en concreto a diez municipios de la región: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid.

Fuentes del Ejecutivo han aclarado que la orden no necesita ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que fue comunicada este miércoles por la noche a las comunidades -competentes de su ejecución- y entra en vigor a las 48 horas de esa notificación de Sanidad a los gobiernos autonómicos.

Contra la orden podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ministerio de Sanidad en el plazo de un mes desde su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

En el caso de interponer recurso ante Sanidad, no se podrá recurrir por la vía contencioso-administrativa hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, según establece la orden comunicada a las CCAA.

Moncloa ha explicado que el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública publicado en el BOE es "de obligado cumplimiento" incluso para las comunidades autónomas que votaron "en contra".

"Todas estas medidas son necesarias para alcanzar el objetivo de controlar la expansión de la enfermedad y reducir la presión asistencial sobre el sistema sanitario, constituyen actuaciones proporcionales a la finalidad perseguida y están avaladas por razones y criterios de carácter epidemiológico y sanitario", dice el texto.

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la obligatoriedad del acuerdo viene marcada por el informe de la Abogacía del Estado, que establece que la norma aplicable en las votaciones del CISN es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales.

El acuerdo contempla nueve medidas de control y respuesta y dos recomendaciones "con el objetivo de responder de forma efectiva a la situación de especial riesgo o alarma para la salud pública".

"En los supuestos en que la ejecución de las actuaciones contempladas en la Declaración de Actuaciones Coordinadas requiera de la adopción, por parte de las comunidades autónomas, de algún acto o disposición, estas se adoptarán antes de que transcurran 48 horas desde que se tenga conocimiento de la concurrencia de las circunstancias previstas", señala el texto.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que el acuerdo fue aprobado "con una amplia mayoría": trece votos a favor, una abstención y cinco votos en contra, que han sido de las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta, lo que supone un 70 % de la representación, por lo que es una decisión colegiada.

El acuerdo ya publicado en el BOE contempla restricciones en la entrada y salida de personas en los municipios de más de 100.000 habitantes con incidencia acumulada de COVID-19 superior a los 500 casos en 14 días, con un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 % y que formen parte de una comunidad en la que la ocupación de camas en UCI por pacientes COVID-19 sea superior al 35 %.

Illa ha subrayado que el objetivo es tomar el control de la pandemia y doblegar la curva "unidos, como ya hicimos en marzo y lo vamos a hacer ahora".

El ministro ha asegurado que la situación en Madrid es "compleja y preocupante", ya que acumula el 43,7 % de total de los nuevos diagnósticos, y ha advertido que "vienen semanas duras, muy duras", en las que todos tienen que estar a la altura para doblegar la curva.

El ministro ha indicado que nadie entiende el voto en contra de Madrid en el Consejo Interterritorial cuando el martes el Gobierno regional emitió un comunicado público en el que se mostraba satisfecho. "La salud de Madrid es la salud de España", ha dicho el ministro, quien ha incidido en que el acuerdo es vinculante para Madrid y que no contempla otro escenario que no sea el de que todas las comunidades, también las que han votado en contra, apliquen las medidas contenidas en el acuerdo que, ha dicho, puede ser mejorado y completado en los próximos días.

Illa ha aseverado que el Gobierno trabaja "incansablemente" para lograr los consensos más amplios, que en esta ocasión no ha sido posible, y ha instado a actuar para tomar el control de la pandemia.

En cuanto a si uno de los aspectos por los que la Comunidad de Madrid no ha aceptado el documento es por las diferencias respecto al control de los pasajeros en Barajas mediante PCR, Illa ha explicado que los casos detectados en este aeropuerto desde el 11 de mayo están por debajo del 0,5 %. Lo que no quiere decir -ha afirmado- que no haya que actuar, pero ha recordado que se está trabajando con los demás países de la Unión Europea en un sistema conjunto de control en aeropuertos.
Madrid acatará la orden

La Comunidad de Madrid considera que la decisión adoptada en el Consejo Interterritorial de Salud, que supondrá endurecer las restricciones de movilidad en diez municipios de esta región, "jurídicamente no es válida" al no haber sido tomada por consenso. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que Madrid "no está en rebeldía" por lo que cumplirá "todas las ordenes", dictadas por el Gobierno, "de manera estricta". Eso sí, ha avisado que irá a los tribunales.

"Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las ordenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase", ha manifestado en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, dirigiéndose al PSOE.

Por su parte, Andalucía ha justificado su rechazo al considerar que los criterios son "totalmente arbitrarios" y ha reclamado que haya unos comunes para toda España, pero basados en indicadores clínicos objetivos y contemplando factores determinantes como la densidad de población o la transmisión epidemiológica.

Galicia también ha rechazado el documento porque no cuenta con avales técnicos suficientes y "obvia muchos" parámetros como la vulnerabilidad, el porcentaje de positivos sobre cuarentenados, la presión hospitalaria o la situación de las urgencias.

Además, ha estimado necesarios más requisitos técnicos la Región de Murcia, que ha criticado que se haya presentado el documento por la mañana para votarlo a las 16.00 horas, mientras que el gobierno ceutí insiste también en que son criterios "arbitrarios".

Desde la Generalitat han justificado su rechazo porque consideran que las medidas planteadas son más laxas que las que ya aplica la Generalitat, lo que podría generar "confusión" y una falsa sensación de seguridad en la ciudadanía.

Castilla y León, gobernada por PP y Ciudadanos, se ha mostrado a favor del documento, si bien entiende su consejera Verónica Casado (Cs) que es un texto de mínimos que queda abierto a introducir nuevos indicadores que faciliten una unidad de acción y criterios comunes.
Madrid pedía criterios científicos

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pidió al Ministerio de Sanidad criterios técnicos, científicos y legales "objetivos y claros" para todas las comunidades autónomas, a la hora de confinar municipios, pero que "no se ciñan solo a los tres indicadores conocidos en las últimas horas". Estos parámetros deben ampliarse dentro del "diálogo" con todas las consejerías de Sanidad de España, indica la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Teniendo en cuenta que se está hablando de "derechos fundamentales y libertades de millones de personas que esos criterios van a restringir", la administración madrileña ve necesario crear una comisión de diálogo con criterios técnicos y científicos, y también legales.

Con el objetivo de acabar con el COVID-19 entre todas las administraciones, la Comunidad de Madrid considera que es "imprescindible" una normativa "clara" para que las cuarentenas sean "efectivas". Además, quiere conocer la base científica y técnica que avala el nuevo criterio de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes que propone el Ministerio de Sanidad.

En el caso de la Comunidad de Madrid, especialmente, plantea que se tenga en cuenta el criterio de capacidad de elasticidad en camas de hospitalización y de puestos de UCI. La Comunidad de Madrid tiene la disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en caso necesario y está concluyendo además la construcción del nuevo Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que incrementará su capacidad de respuesta asistencial.

También reclama que se incluya como criterio la capacidad diagnóstica de la Comunidad de Madrid, muy superior a la del resto de las autonomías. Con la colaboración del Gobierno central, la Comunidad de Madrid estaría en disposición de realizar un test a cada madrileño en estos momentos, precisa.

Además, pide que se tenga en cuenta que la ciudad de Madrid es un conjunto de veintiún distritos, de los que dieciocho superan los 100.000 habitantes, por lo que los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad.

Los tres distritos madrileños que tienen menos de 100.000 habitantes son Barajas, Vicálvaro y Moratalaz.
Las medidas a aplicar

El caso es que pese al voto en contra de algunas comunidades, el texto es "de obligado cumplimiento". De esta forma, la movilidad de entrada y salida en los municipios afectados quedará restringida salvo para la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales y para la asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Entre las excepciones a las restricciones de movilidad también se cuenta el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables o el desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse.

Asimismo, quedan excluidas las actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, las renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables, la realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables y, por último, cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La orden establece que los habitantes del municipio afectado podrán desplazarse por dentro del mismo y que se podrán atravesar los municipios siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos.

En este contexto, el acuerdo también fija en un tercio el aforo máximo en los lugares de culto. Para los velatorios, el límite queda fijado en hasta 15 personas al aire libre y en 10 en espacio cerrado, sean o no convivientes. Para los crematorios o los entierros, el máximo queda en 15.

Respecto a la hostelería, el aforo máximo será de cincuenta por ciento en espacios interiores y del sesenta por ciento en espacios exteriores. Se prohíbe el consumo en barra, se fija el horario de cierre a las 23.00 horas y se establece un máximo de seis personas por mesa. En cuanto a los locales comerciales, el aforo máximo será del cincuenta por ciento y la hora de cierre no superará las 22.00 horas.

Además, se considera conveniente que las autoridades autonómicas aprueben planes especiales de actuación en municipios de menos de 100.000 habitantes con una elevada incidencia acumulada de nuevos casos.

Se realizará también "una recomendación explícita de evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario en los municipios" afectados.

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