El juez del caso Negreira imputa al Barça por cohecho y subraya que los pagos del club lograron los efectos arbitrales deseados
La Guardia Civil ha concluido el registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros tras doce horas buscando documentos del caso que salpica al club y a los árbitros.
El juez Joaquín Aguirre, instructor del caso Negreira sobre los pagos del FC Barcelona al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, ha dictado un auto este jueves en el que atribuye a la entidad azulgrana y al resto de investigados, entre ellos el propio Negreira, su hijo y los expresidentes del club Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, el delito de cohecho, al considerar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la que depende el Comité Técnico de Árbitros (CTA) es una entidad que desempeña unas funciones de naturaleza pública. Así, argumenta que Negreira "ejercía funciones públicas" en cuanto a vicepresidente del dicho comité, equiparándolo a un funcionario a efectos penales, según adelanta El Periódico.
En el auto, el juez, que es muy duro con el club, afirma que los pagos de la entidad "lograron los efectos arbitrales deseados" y que estos se hicieron "con toda claridad" para que el exvicepresidente de los árbitros utilizara su influencia para beneficiar al club culé.
"De tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otro equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español", destaca.
El delito de cohecho es un tipo penal que no exige demostrar la adulteración de partidos concretos, contemplando condenas más graves que el delito de corrupción entre particulares que se atribuía hasta ahora a los investigados.
Así, para condenar al Barça en un hipotético juicio bastaría con demostrar que el club pagó a Negreira para conseguir un favor, independientemente de si este se realizó finalmente o no.
El club ha quedado automáticamente imputado por este nuevo tipo penal. Y al introducir este delito, sería un tribunal popular quien decidiera la culpabilidad o inocencia de los imputados.
En concreto, el juez atribuye a Negreira un presunto delito continuado de cohecho pasivo como autor, y a su hijo lo considera cooperador necesario, mientras que al FC Barcelona y a los exdirectivos investigados les atribuye un presunto delito de cohecho activo.
El instructor mantiene, como calificación alternativa al delito de cohecho, que los hechos supusieron un presunto delito de corrupción deportiva.
Registro en la RFEF
El registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuado por la Guardia Civil por orden del juez que investiga el caso Negreira ha finalizado después de doce horas.
Fuentes de la investigación han informado de que efectivos del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona se han personado en torno a las 9:00 horas en la sede de la federación en busca de documentos en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros.
El pasado día 5, el magistrado determinó que si bien no se encontraban indicios de que el FC Barcelona comprara árbitros con el "tradicional método de pago" para un partido concreto, apuntaba una "forma novedosa de posible retribución ilegítima" mediante una "posible corrupción sistémica" al calificar y designar colegiados.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona reconoce que, por el momento, no se ha podido averiguar el destino dado por Negreira y su hijo a los cerca de 7 millones de euros que les pagó el FC Barcelona entre los años 2001 y 2018.
El juez considera que en este caso se da una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo y el FC Barcelona le pagó unos siete millones de euros, según el club azulgrana para que elaborara informes sobre árbitros y arbitrajes.
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