Feijóo resucita el plan de Casado para reformar el sistema de elección del CGPJ y evitar futuros bloqueos
El PP registra una proposición de ley que recupera la posición de máximos de la anterior dirección, que los jueces elijan a 12 de sus 20 vocales, así como algunas medidas que el PSOE ya aceptó para despolitizar la Justicia
Arranca un año nuevo y, sin embargo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permanece instalada en un continuo, y tedioso, día de la marmota ante la creciente indiferencia de los ciudadanos, y al parecer también de una clase política incapaz de poner fin a una parálisis inédita en la Justicia española durante la etapa democrática. El pasado 4 de diciembre, el CGPJ superó los cuatro años en funciones. Cuatro largos años sin visos de desbloqueo ante la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP, en los que las negociaciones han saltado por los aires varias ocasiones con acusaciones cruzadas entre ambas formaciones y las críticas de las asociaciones judiciales y de la propia Unión Europea.
El PP de Alberto Núñez Feijóo ha arrancado el 2023, o más bien acabó 2022 -ya que la proposición de ley se registró el pasado 30 de diciembre-, volviendo a la carga con una nueva propuesta para cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces. Una iniciativa que en el fondo no es tan nueva, ya que Génova 'resucita' el plan que Feijóo se encontró el pasado mes de abril cuando tomó las riendas del partido, es decir la posición de su antecesor, Pablo Casado, de que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos por los jueces y magistrados. Una propuesta a la que además añade medidas que el PP ya alcanzó con el PSOE en la última negociación -la que el propio Feijóo dinamitó a finales de octubre, presionado por barones como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, por la determinación de Pedro Sánchez de derogar el delito de sedición- como que los jueces que entraran en política no pudieran poner sentencias hasta pasados dos años de su cese.
El propio vicesecretario del PP Juan Bravo ha reconocido este martes que la nueva propuesta del PP contempla medidas que su partido pactó con el PSOE. “El presidente Feijóo estuvo sentado con el presidente Sánchez con esa idea de la independencia [de la Justicia]. Era un pacto, un acuerdo grande por la Justicia, pero Sánchez decidió que derogar el delito de sedición era un pacto al que no podía renunciar”, ha dicho este martes sobre el último intento de acuerdo frustrado.
Sin embargo, la nueva proposición de ley de los populares, firmada por Cuca Gamarra y registrada el pasado 30 de diciembre, incluye un punto que no se acordó con los socialistas en aquellas negociaciones: un nuevo modelo de elección de los vocales del CGPJ para que los doce asientos que corresponden exclusivamente a jueces sean elegidos por voto directo de sus compañeros, que podrían votar hasta un máximo de seis candidatos en una lista abierta. Esta era la posición de máximos que siempre había defendido la anterior dirección, la de Pablo Casado, y a la que Feijóo renunció al llegar a Génova en aras de alcanzar un acuerdo con Sánchez.
En su iniciativa, el PP considera evidente que el actual modelo de designación parlamentaria de los vocales no goza ni del respaldo de Bruselas ni del "consenso social, jurídico o político" necesario para garantizar los principios de "transparencia e independencia" que exigen las instituciones democráticas. "La exigencia por la parte de la Unión Europea es meridianamente clara para que la reforma legal tenga lugar cuanto antes, pero no con cualquier contenido: se ha exigido un cambio inmediato en la forma de elección de los vocales de procedencia judicial en el Consejo General del Poder Judicial para que los mismos sean elegidos exclusivamente por los integrantes de la carrera judicial", señala el PP en la exposición de motivos de la proposición de ley registrada. Realmente, Bruselas sí ha defendido que se reforme el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, aunque siempre ha apostado por hacerlo una vez sea renovado el actual en funciones.
Estas son las principales medidas incluidas en la nueva iniciativa de los populares:
Se plantean que los 12 vocales de extracción judicial sean elegidos por los jueces y magistrados; mientras que el Congreso y el Senado seguirían eligiendo a los ocho vocales del turno de jurista por mayoría de tres quintos.
Cada juez escogerá un máximo de seis candidatos y tomarán posesión los 12 más votados.
Según su propuesta, no podrán aspirar a estos puestos quienes hayan ocupado un cargo electo o político en los últimos cinco años.
Para fortalecer la independencia del poder judicial y mejorar la confianza de los ciudadanos, el PP plantea establecer criterios más rigurosos y transparentes en el acceso a determinados puestos y dificultar el regreso a la carrera judicial desde la política:
Propone que los jueces que se presenten como candidatos en unas elecciones o que sean nombrados para un cargo político de confianza deban declararse en situación de excedencia voluntaria y no puedan reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese.
Si solicitan el reingreso, en los dos años siguientes al cese quedarán adscritos al CGPJ para presentar el servicio especial de carácter gubernativo que este órgano les asigne.
Refuerza también las mayorías dentro del CGPJ a la hora de elegir distintos cargos judiciales, exigiendo el apoyo de tres quintos de los vocales.
Propone además elevar a 10 a 15 años el tiempo de ejercicio profesional exigido a los juristas de reconocido prestigio para acceder a plazas en las salas de lo civil y lo penal de los tribunales superiores de justicia y elimina la intervención de las asambleas legislativas autonómicas en su elección.
En el caso del Supremo, pide que los magistrados cuenten con al menos 20 años en la carrera.
Cuatro años de intentos fallidos
Desde 2018, PP y PSOE han acercado en varias ocasiones posiciones sin llegar a cerrar un pacto que necesita del visto bueno de los dos partidos mayoritarios, ya que requiere una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados, es decir 210 diputados.
El primer intento de cerrar un acuerdo se produjo en noviembre de 2018, pocos días antes de que se caducara el mandato del órgano de los jueces. Entonces, Pedro Sánchez, presidente tras desalojar a Mariano Rajoy del poder con la moción de censura, y el nuevo líder del PP, Pablo Casado, cerraron un acuerdo para renovar el Poder Judicial, bajo la presidencia de Manuel Marchena y una mayoría de vocales progresistas. Sin embargo, la filtración de un wasap del entonces portavoz popular en el Senado Ignacio Cosidó, en el que hablaba de controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por "detrás", hizo saltar por los aires el pacto y provocó la renuncia de Marchena a presidir el CGPJ.
Hubo que esperar a principios de 2020, tras un intenso 2019 electoral con dos generales, autonómicas y municipales, para que ambas formaciones retomaran las conversaciones tras la toma de posesión de Sánchez al frente del Gobierno de coalición. Aunque hubo hasta una reunión en Moncloa entre Sánchez y Casado, el impacto de la pandemia del coronavirus relegó a un segundo plano la renovación del CGPJ. Ya en julio, una vez levantado el estado de alarma, se produjo una reunión entre el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el, en aquel momento, secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, Enrique López.
Sin embargo, un actor inesperado frustró el acuerdo cuando todo parecía encaminado: la salida de España del Rey emérito, Juan Carlos I. Génova denunció que no había sido informado previamente de esta decisión, a lo que se sumaron las críticas a la Corona por parte de dirigentes de Unidas Podemos, el socio del PSOE en el Ejecutivo de coalición. Fue entonces cuando el PP exigió que el partido dirigido entonces por Pablo Iglesias se quedara fuera de la negociación del CGPJ, un veto que el propio Casado hizo público el 2 de septiembre de 2020 tras reunirse con Sánchez en Moncloa. Días después, en una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno admitía que tenía un acuerdo "prácticamente al 99%" con Casado para renovar el CGPJ pero que "inexplicablemente" rompió su palabra.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el Gobierno exploró otras vías. Así, en octubre de 2020, PSOE y UP presentaron en el Congreso una proposición de ley para rebajar la mayorías parlamentaria para elegir a los vocales del CGPJ, de tres quintos a la mayoría absoluta. Una propuesta que no gustó nada en Bruselas y que ambos grupos decidieron retirar. Dos meses después, en diciembre, los socios de Gobierno presentaron otra proposición de ley para limitar las funciones del Poder Judicial cuando haya caducado su mandato, especialmente la proposición de nombramientos para tribunales como el Supremo y la Audiencia Nacional.
Pese a ello, Sánchez retomó las negociaciones con el principal partido de la oposición. En febrero de 2021, ambas formaciones alcanzaron un acuerdo para renovar el Consejo de Administración de RTVE pero en el que el CGPJ quedó fuera por el veto de los populares a los dos vocales que propusieron los morados: la actual delegada para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y el juez Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia de Gürtel.
Ocho meses después, en octubre de 2021, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, pactaron renovar el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que no se sabía en aquel momento es que también cerraron un acuerdo secreto para renovar el Constitucional con una reforma del CGPJ, en el caso de que este siguiera bloqueado, algo que desveló en agosto de 2022 el propio Pedro Sánchez. Aunque Génova, con un nuevo líder al frente, Feijóo, lo negó, el equipo de Casado aseguró que se lo comunicó a la nueva dirección en el traspaso de poderes.
Meses antes de esta filtración, en abril de 2021, en su primera visita a Moncloa como líder del PP, Feijóo se emplazó con Sánchez a tratar de renovar el CGPJ, designando a Félix Bolaños y Esteban González Pons como interlocutores. Una enésima negociación que también encalló después de que el Congreso diera luz en julio a una propuesta de los socialistas para permitir que el CGPJ nombrase a dos magistrados del Constitucional, pese a tener el mandato caducado.
Fue la dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2022 al frente del CGPJ y del Supremo, lo que forzó una reunión de emergencia entre Sánchez y Feijóo, en la que ambos se comprometieron a hacer un "último esfuerzo". Sin embargo, tras varias reuniones y solo 17 días después, todo volvía a saltar por los aires por la intención de Sánchez de derogar el delito de sedición, una "línea roja" para Génova, pese a que ambas partes admitieron que el acuerdo estaba muy avanzado. Desde entonces poco o nada se ha movido, todo se ha quedado congelado tras sacar adelante el Congreso la reforma del Código Penal, que incluía la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Tampoco contribuyó al acercamiento entre las partes, la maniobra del PP en el Constitucional que consiguió paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial.
Las anteriores iniciativas del PP fracasaron
La nueva proposición de ley no es la primera ofensiva del PP en el Congreso para tratar de reformar el sistema de elección del órgano de los jueces, sin embargo, al igual que las dos propuestas anteriores está condenada al fracaso, ya que sin el apoyo del PSOE es imposible que salga adelante. Algo que ocurrirá a juzgar por la reacción de Ferraz en sus redes sociales a la nueva propuesta de los populares, reclamando a los de Feijóo que se dejen de excusas y se avengan a pactar.
Desde 2018, el PP ha llevado otras dos iniciativas a la Cámara baja para reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Una en 2018 y otra en 2021, las dos con Pablo Casado al frente y ambas tumbadas por la mayoría parlamentaria. Así en 2018, PP y Cs a través de una enmienda conjunta plantearon que los jueces pudieran elegir a los vocales jueces del Poder Judicial. El Congreso la tumbó con 176 votos en contra y 164 a favor.
En la presente legislatura, los de Casado registraron en octubre de 2020 una proposición de ley para reforma el sistema de elección del órgano constitucional. Iniciativa que recibió aún mayor rechazo de la Cámara: 190 noes contra 154 síes. Junto al PP, votaron Ciudadanos y Vox.
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