El agujero legal en la ley del 'solo sí es sí' podría beneficiar a uno de los mi

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El agujero legal en la ley del 'solo sí es sí' podría beneficiar a uno de los miembros de La Manada y al profesor del Valdeluz.

El Gobierno ocultó al Congreso documentación clave para aprobar la norma a pesar de la advertencia del CGPJ e Igualdad dio por hecho que no habría rebajas en las condenas.



El agujero legal en la ley del 'solo sí es sí', que está provocando la rebaja de las penas de varios agresores sexuales, podría permitir también que uno de los miembros de La Manada que violó a una joven en los Sanfermines y el profesor del colegio Valdeluz que abusó de varios menores viesen reducido su castigo próximamnete. La ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que nadie les avisó de lo que podría suceder y dio por hecho que ocurriría como en la reforma del Código Penal de 2015, cuando la Fiscalía dictó una instrucción por la que se indicaba no apoyar rebajas de condenas ya impuestas siempre y cuando estuvieran dentro del rango de penas que se establecía en la nueva legislación. Pero el caso es que el Gobierno ocultó información clave durante la tramitación de la norma que finalmente salió adelante y se vendió como un triunfo.

El abogado de La Manada, Agustín Martínez, va a presentar un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena para uno de sus representados, condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, en aplicación de la nueva ley.

Así lo ha confirmado este jueves el propio Martínez en una entrevista en Canal Sur Radio durante la que no ha aportado más detalles acerca del recurso en el que se encuentra ya trabajando y que "en principio afectaría exclusivamente a uno" de los condenados.

Aunque el abogado no ha precisado a quién podría beneficiar el recurso, la nueva ley del 'sólo sí es sí' sólo podría permitir en la práctica reducir en un año la pena de Ángel Boza, condenado a 15 años de prisión por la violación grupal de los Sanfermines en 2016. Los otros cuatro jóvenes sevillanos también condenados suman otras penas por casos como los abusos sexuales de Pozoblanco y no podrían beneficiarse de ninguna rebaja.

Martínez sí ha defendido durante la entrevista que esa rebaja en la condena "es perfectamente posible porque se han reducido los mínimos de las penas y la sentencia dictada en su día por el Tribunal Supremo hacía la acotación de referirse a que efectivamente se aplicaba el mínimo penal y, habiéndose modificado el mínimo penal, pues entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual".

El abogado de La Manada ha rechazado las críticas de Montero que ha defendido la ley y ha atribuido la reducción de penas a violadores a que el machismo "puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa".

"Lo que hay es una mala ley, basada exclusivamente en la propaganda y que ha intentado engañar a la población, vendiéndose como que era una una reforma muy positiva centrándose en el elemento del consentimiento cuando el consentimiento es el elemento primario que existía en el Código Penal anterior".

A su juicio, lo que se ha hecho con la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual es "absolutamente absurdo", por lo que ha emplazado a Irene Montero a aclarar "por qué se han bajado todos los mínimos de las penas", algo que considera "inexplicable y que no tiene ningún sentido" al punto de que se llega a "despenalizar algún tipo de delito, por más escandaloso que pueda resultar".
El profesor del Valdeluz

Más allá de la posible rebaja de la pena a un miembro de La Manada hay otros posibles y futuros casos inquietantes. Y es que, el exprofesor del colegio Valdeluz Andrés Díez estudia solicitar a la Audiencia Provincial de Madrid la revisión de la sentencia que le condenó en firme a 49 años de prisión como autor de doce delitos de abuso sexual a menores alumnas suyas cometidos entre 2002 y 2014, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El carácter retroactivo en la aplicación de la reforma del Código Penal en delitos sexuales dentro de la ley del 'solo sí es sí' abre esta posibilidad a pesar de que haya sentencia firme del Tribunal Supremo.

"Sí cabría su revisión en el caso que la nueva ley le beneficiara por el principio penal de retroactividad", ha subrayado a Europa Press el abogado del exdocente. Por tanto, no descarta estudiar la sentencia en concreto para valorar si se le puede aplicar el beneficio de la reducción de condena.

La sentencia de la Audiencia exponía que el profesor aprovechó la cercanía que tenía con sus alumnas "para tocarlas y satisfacer su deseo e impulso sexual, comenzando con besos, abrazos, cosquillas, hasta ir aumentando los toqueteos progresiva y gradualmente en el tiempo, poco a poco, llegando a manosear piernas hacia ingles y zona vulvar e interior de los muslos, espaldas, senos y nalgas".

Se le condenó por doce delitos de abuso sexual, cuyas penas ahora se han visto fundidas con el delito de agresión sexual, por lo que si se le aplica el beneficio habría una reducción considerable.
¿Ocultó el Gobierno información?

Sea como sea la polémica está servida. En ese sentido, y según publica 'ABC', el Gobierno ocultó al Congreso documentación clave para aprobar la ley del 'solo sí es sí', usando la misma trampa que con la 'ley trans' para que los diputados no conocieran el grueso de las objeciones.

Y es que, al menos cinco informes, entre ellos el de Poder Judicial, pusieron trabas a la nueva regulación de los delitos sexuales.

En concreto, el CGPJ, que ya ha expresado su "más firme repulsa" a los "intolerables ataques" vertidos contra los jueces que están revisando condenas, fue muy crítico con el anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Y es que. el órgano advirtió en su informe contrario al anteproyecto que "el cuadro penológico contemplado" para los delitos de agresiones sexuales "suponía una reducción del límite máximo de algunas penas" y avisó además de que "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente".

Así, el órgano asegura que las resoluciones judiciales que se han conocido en los últimos días y que rebajan las condenas a agresores sexuales son el resultado de "la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del poder judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley".

"En el texto de la ley se expresa claramente que las penas máximas se bajan. No solamente se revisan las sentencias anteriores; es que de futuro, que es una cosa que también es preocupante, los hechos más graves en temas de violencia sexual serán castigados con menos pena", ha resaltado la abogada y vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda.

Incluso en los debates del Congreso, y tirando de hemeroteca, los portavoces de varios grupos como el PP hablaron de ese riesgo.

Sin embargo, nadie se dio cuenta en el ministerio de Igualdad y en el Gobierno, o no quisieron verlo, de que la entrada en vigor de la norma acarrearía la rebaja de condenas si no se incluía una disposición transitoria, que es habitual en estos casos.
Montero dice que nadie le avisó

Este mismo miércoles por la noche,  la ministra de Igualdad, demostró su desconocimiento jurídico del asunto al subrayar que en los dos años de tramitación de la ley del 'solo sí es sí' nadie, ni el resto de ministerios implicados, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo de Estado, ni el CGPJ, advirtió de las posibles revisiones de las penas por los cambios introducidos.

Montero, en una entrevista en la Cadena Ser, ha rechazado admitir errores en la norma y ha recalcado que las rebajas de penas a delincuentes sexuales se están produciendo por una interpretación incorrecta de la ley del "solo sí es sí" por parte de los jueces, no por su redacción.

Y ha argumentado que en todo el proceso de discusión previo a la aprobación de la ley ningún organismo advirtió lo que está ocurriendo, que la rebaja de las penas mínimas tipificadas se tradujera en una revisión a la baja de las condenas ya dictadas.

Porque, a su juicio, todos daban por hecho que ocurriría como en la reforma del Código Penal de 2015, cuando la Fiscalía dictó una instrucción por la que se indicaba no apoyar rebajas de condenas ya impuestas siempre y cuando estuvieran dentro del rango de penas que se establecía en la nueva legislación.

Y ha tachado de "bulo" y de "mentira" que el CGPJ advirtiera de lo que está ocurriendo, como ha manifestado horas antes el órgano de gobierno de los jueces, pues su consejo era el de no rebajar las penas máximas y se tuvo en cuenta.

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