Sánchez activará la Ley de Seguridad Nacional si lo exige el orden público en Cataluña y no descarta el 155
El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha ido matizando su discurso sobre Cataluña hasta que, en los últimos días, se ha evidenciado un giro de 180º respecto a su talante en la legislatura que acaba de finalizar. El ‘buenismo’ con el que el Ejecutivo apelaba constantemente al diálogo ha sido reemplazado por una sucesión de advertencias sobre la posibilidad de aplicar todos los instrumentos previstos en la ley si se dan las circunstancias para ello. Dos factores han influido en el cambio de actitud: la inminencia de la sentencia del juicio del ‘procés’ y la amenaza de rearme del independentismo para contestarla, por una parte, y la campaña electoral en la que la derecha vuelve a utilizar la cuestión catalana, por otra.
De ahí que el presidente en funciones hiciera el martes esta declaración en la Cadena SER: “Un Gobierno en funciones tiene las capacidades mucho más mermadas, pero el 155 se puede aplicar en funciones sin problemas, lo hemos estudiado y no habría ningún problema constitucional ni de legitimidad, el Senado permanece abierto a través de la Diputación Permanente”. Sánchez habló el mismo día en el que se celebraba el segundo aniversario del 1-O, cuando el independentismo logró movilizar a una cifra de ciudadanos muy por debajo de la que secundó su convocatoria de manifestación hace solo un año. No obstante, partidos y entidades secesionistas aprovecharon para conjurarse ante la publicación de la sentencia del ‘procés’, que se espera a partir del 10 de octubre, prometiendo una “lucha sin violencia” y una “desobediencia civil”. Está por concretar lo que eso significa pero lo que es una evidencia es que el movimiento soberanista tiene una última oportunidad para revertir la curva descendente en la que parece haber caído desde la última Diada.
Ese es el motivo por el que el Gobierno no descarta ahora mismo ninguna de la herramientas que le proporciona la ley para hacer frente a una insurrección del estilo de la que se produjo en 2017, incluida la aplicación del 155 o incluso de la Ley de Seguridad Nacional. Lo ha confirmado el propio Sánchez en otra entrevista concedida a ‘El Confidencial’ en la que dice lo siguiente: “Hemos hecho lo que tiene que hacer todo Gobierno, prevenir. Contemplar cualquier tipo de escenario, y estudiar cuáles son las capacidades, los instrumentos que se tienen encima de la mesa, ya sea el 155 o la Ley de Seguridad Nacional para afrontar cualquier desafío”, señala el jefe del Ejecutivo. Según avanza el diario digital, el presidente no precisa si el control de la Generalitat se hará de forma gradual. Es decir, si el primer paso será la intervención de sus cuentas, después la Ley de Seguridad Nacional y por último el 155. Insiste en que como jefe del Ejecutivo ha estudiado “todos los escenarios negativos”, y quiere ver “exactamente cuáles son los pasos que da la Generalitat en las próximas semanas”.
De forma paralela, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que “el Gobierno está analizando, estudiando y observando la realidad de Cataluña y actuará en la forma oportuna en el momento que sea preciso, siempre conforme con el ordenamiento jurídico”.
A preguntas de los periodistas sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, Marlaska se ha mostrado muy prudente pero no la ha descartado. Se ha limitado a manifestar que “no hay que ser alarmistas, todo el mundo sabe que este es un Gobierno responsable y que estudia y analiza las situaciones en Cataluña, en Andalucía, en Madrid y en cualquier otro sitio de España y siempre aplica el ordenamiento jurídico”. Eso sí, ha hecho la salvedad de que se tienen que dar las circunstancias para recurrir a esa norma: “No hagamos suposiciones de futurólogos. Un Gobierno tiene que analizar la realidad y aplicar el ordenamiento jurídico en los momentos oportunos”.
En esa misma línea, ha afirmado que la Ley de Seguridad Nacional “se aplica en los momentos que se tiene que aplicar en el momento que los supuestos de hecho concurran, como todas las leyes”. “Hay distintas leyes, distintos contenidos normativos, como el 155, la Ley de Seguridad Nacional o el estatuto de autonomía, hay una pluralidad de normas y se aplican cuando los supuestos de hecho concurran”, ha insistido.
En cuanto a la reacción del presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras la detención de los CDR, el ministro del Interior ha afirmado que lo que le “preocupa” es “que no haya por el máximo representante del Gobierno en la comunidad autónoma de Cataluña un pronunciamiento de oposición o rechazo a cualquier tipo de violencia”. Igualmente, ha hecho referencia a los incidentes sufridos en la jornada de este martes en Cataluña por parte de algunos periodistas que cubrían la manifestación independentista, afirmando que “es preocupante que algo tan fundamental como la libertad de información no se pueda desarrollar con tranquilidad y paz”. Además, el ministro del Interior ha querido valorar y destacado el trabajo de los Mossos en la jornada del 1 de octubre, así como el de toda la policía y la “eficaz coordinación” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Ley de Seguridad Nacional permitiría al Gobierno tomar el control del orden público en Cataluña sin necesidad superar todos los trámites que la Constitución exige para el artículo 155, como es que su aplicación sea respaldada por la mayoría absoluta del Senado lo que, pese a lo afirmado por Sánchez, no está claro que pueda plantearse en estos momentos, con las dos Cámaras parlamentarias disueltas. Además, una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha acotado las circunstancias en las que se puede activar el precepto para evitar las dudas que rodearon a su aplicación en 2017: se tienen que producir hechos concretos que infrinjan la ley y tiene que quedar claramente establecido el tiempo durante el que se aplica.
Todos estos obstáculos son probablemente los que han llevado al líder del PP, Pablo Casado, a aparcar su vieja reivindicación de aplicar ya el 155 para sustituirla por la demanda de que el Consejo de Ministros decida aplicar la Ley de Seguridad Nacional inmediatamente, este mismo viernes sin ir más lejos. El líder del PP recomienda la ley de Seguridad para evitar entrar en discusiones de derecho constitucional y como fórmula más eficaz y rápida para tomar el control a través de un real decreto que, en este caso sin ninguna duda, podría ser aprobado en la Diputación Permanente del Congreso.
Lo que Casado reclama es que el Gobierno tome el control de los Mossos ante la sospecha de que puedan recibir “órdenes ilegales” tras la reciente dimisión del considerado como ‘jefe político’ de la Policía Autonómica Catalana y para cerrar el llamado ‘CNI catalán’, el Cesicat, que aparece vinculado a los CDR detenidos en las filtraciones del sumario que instruye el juez García Castellón. La aplicación de la Ley de Seguridad Nacional no implicaría la suspensión de la autonomía catalana ni la intervención de competencias, pero permitiría al Ejecutivo central coordinar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluida la policía autonómica`.
Quien no renuncia al mantra del 155 es el líder de Cs, Albert Rivera, quien el martes, tras una reunión de su grupo parlamentario en el Parlament, pedía a Sánchez una reunión “de Estado” para hablar sobre Cataluña e insistía en la idea de que Sánchez debe “rectificar” para no llegar “demasiado tarde” como, según él, le ocurrió al PP del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy el 1 de octubre de 2017. Un día después, el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en la cámara catalana, Carlos Carrizosa, ha reclamado expresamente al presidente que no se limite a controlar en su caso los Mossos con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, sino que opte por la activación del artículo 155. A su juicio, “aparte de intervenir la policía, hay que intervenir otras materias” en Cataluña “como los medios de comunicación que no dejan de apoyar y abonar el relato independentista y promover la desobediencia civil”.
Por cierto que sobre l 155 se produjo cierta confusión el martes cuando Sánchez dijo en la SER que el Gobierno iba a enviar un requerimiento a la Mesa del Parlament sobre resoluciones suyas que considera inconstitucionales como la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña. Como la aplicación del 155 exige que antes se produzca un requerimiento, las palabras del presidente dieron lugar a cierta perplejidad. Después, Moncloa precisó que las vías para recurrir las decisiones del Parlament son la impugnación ante el Tribunal Constitucional o plantear un incidente de ejecución de sentencia. En ningún caso debe el Ejecutivo dirigirse al Parlament.
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